Anticorrupción acusa a Camps de malversación al organizar la Fórmula Uno

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana una querella contra el expresidente de la Generalitat Francisco Camps por considerarlo responsable del desvío de fondos públicos en la organización de la pruebas de Fórmula Uno celebradas en Valencia.

En base a unas denuncias presentadas por Esquerra Unida y el PSPV-PSOE, el fiscal atribuye a Camps los delitos continuados de malversación y prevaricación; a la exconsejera Dolores Johnson los de malversación, prevaricación y de un delito societario, y califica al empresario Jorge Martínez "Aspar" de cooperador necesario en los delitos de malversación y prevaricación.

Según consta en el relato de la querella, el ministerio público considera que Camps fue el responsable de las negociaciones con el magnate de la Fórmula Uno, Bernie Ecclestone, y le responsabiliza de haber "rescatado" a Valmor hasta en tres ocasiones, de haber condonado 14 millones de deuda y asumir otros 31 de compromisos con terceros.

"Fue Camps quien se encargó de dirigir las negociaciones con Ecclestone", explica el fiscal en su querella.

"Camps garantizó personalmente y en nombre de la Generalitat la viabilidad del proyecto, sin embargo, dado que esta garantía debía ir acompañada de requisitos económicos y jurídicos propios de cualquier contratación de sector público, decidió que su 'amigo' Aspar crease una sociedad para poder organizar la prueba de fórmula 1 y se pudiera beneficiar con ello", añade.

También acusa a Johnson de haber "engañado" a la empresa pública de la Generalitat que autorizó la absorción de Valmor y de haber ocultado que la compra de esta mercantil conllevaba la condonación de la deuda con el erario y la asunción de la derivada a terceros.

Esta querella llega siete años después de que el expresidente anunciara, en plena campaña electoral de 2007, que Valencia organizaría un Gran Premio y dijese que no iba a suponer ningún coste para las arcas públicas.

En consecuencia, el TSJCV ha pedido a Les Corts Valencianes que acrediten la condición de diputado del expresidente de la Generalitat Francisco Camps (que también ocupa un puesto en el Consejo Jurídico Consultivo regional).

Según han informado fuentes del alto tribunal valenciano, la magistrada Pía Calderón estudiará la competencia del TSJCV para investigar la querella.

Por su parte, la portavoz del Gobierno valenciano, María José Catalá, ha defendido hoy que la compra de la empresa Valmor se hizo "por responsabilidad" al estar "en juego" 54 millones de euros por el pago del canon de la carrera más la indemnización si no se celebraba la prueba.

Según la consejera-portavoz, cuando se acordó la compra de Valmor en 2011 había una situación "muy compleja" y se tomó la decisión "más responsable, prudente y cautelosa".

Preguntado al respecto, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha asegurado que todavía no dispone de información sobre la querella, si bien en un encuentro con periodistas se ha comprometido a seguir siendo "muy riguroso y contundente" en su lucha contra la corrupción.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se ha mostrado "bastante asombrada" al conocer la querella del fiscal anticorrupción, si bien ha afirmado que "respeta las decisiones de la Justicia".

Como corresponsable de la denuncia que ha dado a pie a la querella, la diputada socialista Eva Martínez ha afirmado que este proceso "significa que los hechos denunciados revisten carácter de delictivos" y ha insistido en que el presidente Alberto Fabra "es absolutamente responsable de haber comprado una empresa en ruina".

"Esto es un caso de sucesión de empresas, un gran fraude iniciado por Camps y Johnson y culminado por Fabra. Todos deben responder por la compra de Valmor para tapar delitos supuestamente cometidos por el anterior Gobierno de Camps", ha añadido.

El portavoz y candidato de EU, Ignacio Blanco, que también denunció los hechos, ha afirmado: "no debemos descartar que la querella se amplíe e incluya al 'Consell' que el 9 de diciembre de 2011 compró Valmor, socializó sus pérdidas y asumió deudas incluso con socios de esta empresa, como era Bancaja", ha agregado.

Para la portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, "resulta lastimoso que en esta Comunidad todos los días nos levantemos con un nuevo imputado, procesado o detenido" y ha considerado que "el tema de Valmor es una pieza podrida del anterior Gobierno y del actual".

"Camps será imputado por asumir unas deudas y firmar un aval, pero ese aval era ilegal, lo denunciamos al Tribunal de Cuentas, era nulo por no cumplir los requisitos legales, y el Gobierno de Fabra lo podría haber anulado. Si no lo hizo y compró Valmor fue porque tuvo voluntad de hacerlo, no por obligación, como siempre ha defendido este 'Consell'", ha añadido.